INFORME: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN ARGENTINA
¿Hacia dónde van las políticas educativas actuales?
iniciado un nuevo ciclo de gobierno en el país en diciembre de 2015.
Miles de pibes de los barrios más empobrecidos de nuestra Patria fueron y son víctimas del accionar policial, amparados en la demagogia punitiva que estigmatiza al joven humilde como el germen de todos los males de la sociedad y que es repetido constantemente por los grandes medios de comunicación.
La violencia institucional es una de las asignaturas pendientes de la democracia argentina. La falta de respuestas de las políticas de seguridad desarrolladas y los hechos graves de violencia policial que se sucedieron en los últimos años pusieron en evidencia la inviabilidad política del modelo de seguridad sostenido históricamente y las consecuencias de la idea de descansar en la autogestión de las fuerzas policiales.
- En los últimos 12 años murieron 1.893 personas en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de Fuerzas de seguridad.
- El 49% de estas personas murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio.
El asesinato de Walter Bulacio, Miguel Brú, la Masacre de Floresta, la desaparición de Luciano Arruga, los crímenes de Cárcova (Masacre de José León Suárez), Lucas Rotella en Baradero, Sebastián Bordón en Mendoza y Lautaro Bugatto en Burzaco, no son hechos aislados y desconectados entre sí. Todos fueron víctimas de la inseguridad policial, consecuencia de las prácticas violentas ilegales de las Fuerzas de seguridad, herencia de tiempos oscuros de nuestra historia. Son tristes ejemplos que demuestran la falla de un esquema de seguridad anacrónico y que no responde a las realidades de la Nación del Bicentenario.
Es tarea de esta campaña desarmar discursos y prácticas en torno a la seguridad basada en la lógica del "enemigo", donde el respeto y ejercicio de los Derechos Humanos aparecen como obstáculos y la seguridad queda limitada a una cuestión punitiva y directamente represiva.
Para resolver los problemas de inseguridad en la sociedad, no basta con la intervención de las instituciones que componen el sistema punitivo, ni la apelación exclusiva a las agencias policiales. Un abordaje integral de la seguridad no puede prescindir de la coordinación con otras agencias del Estado y con diferentes organizaciones de la sociedad civil.
Hace ya más de 35 años nuestro país inició un proceso de transformación social, política, económica y cultural, que destruyó el aparato productivo, el tejido social y la cultura del trabajo.
Que tuvo como resultado el modelo de exclusión más perverso que conoció nuestro país, dejando a millones de personas desamparadas.
La política económica de exclusión de los años 90 fue acompañada por una política represiva por parte de las fuerzas de seguridad para con los más desposeídos, siendo uno de los focos de represión las y los jóvenes de los barrios, alimentando una identificación contra toda autoridad y estigmatizando la esquina como espacio de delincuentes. Hasta tal punto que un nuestra sociedad existe la idea de "los pibes chorros". La idea paradigmática en las fuerzas de seguridad responde a la concepción del enemigo interno, en la década de los 70 fue la subversión la responsable de todos los males de la sociedad, hoy los pibes de las barriadas.
Por eso, el debate que pensamos necesario en ese camino es cómo se concilian los postulados de inclusión social y seguridad. ¿Por qué los medios monopólicos de comunicación los plantean como términos excluyentes y antagónicos? ¿Y más cuando se trata de jóvenes?
Si bien la juventud ha recuperado el rol protagónico que le había sido arrebatado en los momentos más oscuros de nuestra historia, y para bien ha puesto en contradicción las atribuciones negativas que se marcaron en los años 90 a fuego, aún hoy la sociedad sigue proyectando sobre la juventud características que anidan en el conjunto (una suerte de tacho de basura de los males y vicios humanos).
El fenómeno de la "inseguridad" justifica la existencia de dos categorías diferentes de sujetos: una la de "el ciudadano", legítimo sujeto de derechos, y otra la del "delincuente", que por su accionar, propio de su condición, era considerado como enemigo de la sociedad y por lo tanto una persona inferior, dando sustento así a discursos y prácticas racistas.
Considerando el análisis previo de las condiciones que generan esta situación no se resuelven a través de las políticas de "mano dura" promovidas por medios de comunicación. Resulta evidente que el problema debe centrarse en superar las condiciones de exclusión que sufren los jóvenes en base a una política integral que promueva la integración de la juventud al sistema de trabajo formal, la Educación y la Salud Pública.
Considerar a los jóvenes como sujetos plenos de derecho, como ciudadanos de nuestro país, implica entonces reconstruir las condiciones efectivas para que ellos puedan ejercerlos.
Es el Estado, quien en estos últimos años volvió a asumir un rol protagónico en la resolución de diversas necesidades populares a través de sus políticas, el principal responsable y garante de resolver esta situación.
Apostamos por una política integral que permita ir reformulando el rol de las Fuerzas de seguridad en el contexto democrático, con un profundo control civil, atendiendo a un mejor profesionalismo, campos de actuación delimitados y teniendo en cuenta estándares nacionales e internacionales de protección de derechos. Destacamos la participación comunitaria como un factor fundamental en la discusión y creación de las políticas de seguridad en todos los niveles de gobierno. Estamos frente a un momento bisagra, donde además de pensar lo urgente, hay que pensar con responsabilidad, a largo plazo, el país que dejamos a las generaciones que vienen. Ese es nuestro desafío.
